martes, 10 de marzo de 2015

Mortalidad materna por aborto: "No se alcanzaron las metas de Beijing”

SOCIEDAD › MUJERES DE TODO EL MUNDO DEBATEN EN LA ONU QUE SE HIZO SOBRE IGUALDAD DE GENERO “No se alcanzaron las metas de Beijing” La Comisión sobre la Condición de la Mujer discutirá cómo avanzaron los gobiernos en el cumplimiento de las metas acordadas veinte años atrás en Beijing. Por la Argentina participa una delegación gubernamental y de organizaciones de mujeres. La opinión de Mabel Bianco. Por Mariana Carbajal Miles de mujeres llegadas de todo el mundo se reúnen en Nueva York, en la sede de la ONU, para evaluar desde ayer el cumplimiento de las metas acordadas por los gobiernos para lograr la igualdad de género en la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, que tuvo lugar en Beijing en 1995. “En el mundo no se alcanzaron las metas de Beijing, pero no debido a la crisis económica y por falta de recursos económicos, sino por falta de decisión política de los gobiernos”, evaluó en diálogo con este diario la argentina Mabel Bianco, codirectora del Comité de ONG para la Condición de la Mujer de América latina y el Caribe (Cong OLac-CSW, por sus siglas en inglés), e integrante de la delegación oficial en representación de la sociedad civil. En relación con la situación en la Argentina, Bianco consideró que “avanzamos mucho con leyes, excepto en el reconocimiento del derecho al aborto seguro, pero lo que nos falta es que esas leyes se traduzcan en políticas públicas que beneficien a todas las mujeres y niñas y ésta es nuestra mayor deuda”. Ayer quedó inaugurada la 59ª sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), que examinará los progresos y los retos pendientes en la implementación de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, a veinte años de su aprobación. Pero en la primera jornada, los representantes de los Estados miembro de la ONU adoptaron una declaración política, en donde las organizaciones de mujeres, que también participan del período de sesiones, fueron ampliamente excluidas, lo que generó mucho malestar. Aproximadamente un millar de ONG feministas y que trabajan por los derechos de las mujeres alrededor del mundo publicaron una proclama para denunciar la falta de transparencia en ese proceso. Históricamente, la CSW adoptó sus conclusiones después de una sesión de dos semanas que incluye una amplia participación de la sociedad civil. Este período de sesiones está previsto que concluya el 20 de marzo. En su declaración, los gobiernos hicieron un llamamiento a los Estados que aún no cumplieron con el compromiso de erradicar toda forma de discriminación contra la mujer y reconocieron que ningún país logró plenamente la igualdad y potenciar a las mujeres y las niñas, y que persisten niveles elevados de desigualdad, en la relación entre mujeres y varones y entre las niñas y los niños, en todo el mundo. Bianco consideró que una de las áreas más rezagadas es la de las niñas: en la región, se sigue considerando a la niñez sin diferenciar los sexos, advirtió. “En Argentina, uno de cada seis nacimientos es de una mamá menor de 19 años y está en crecimiento en las de menos de 15 años. Cada día, 300 adolescentes se convierten en madres, sin haberlo planificado en la mayoría de las veces. Son muchas las que tienen un segundo y tercer embarazo antes de los 20 años”, observó. En la apertura, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, consideró que 2015 es un año vital para avanzar en materia de igualdad. Señaló que actualmente las mujeres sufren desproporcionalmente por las crisis económicas, por el cambio climático, por la pobreza y por la violencia que está presente en todos los ámbitos de sus vidas. De igual forma dijo que si bien hay avances importantes respecto de la Declaración y la Plataforma de Beijing, en materia de educación y reducción de muerte materna, por ejemplo, es necesario trabajar para eliminar todas las formas de violencia y para incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Puntualmente mencionó que actualmente hay cinco países en el mundo que no tienen una mujer en el Parlamento o el Congreso y ocho en donde ninguna mujer ocupa un lugar en el gabinete. Y recordó que las mujeres son agentes fundamentales para lograr el progreso de las naciones. A su turno, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó que en estas dos décadas hubo cambios en las Constituciones de muchos países, pero advirtió que todavía falta aplicar esas legislaciones y sobre todo llevar a cabo un cambio de actitud para terminar con la discriminación en contra de las mujeres. En diálogo con este diario, Bianco indicó que “en el informe ‘A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación’, que elaboramos desde el Comité de ONG para la Condición de la Mujer de América latina y el Caribe, con aportes de 142 grupos y mujeres de la región, vimos que Latinoamérica es la que más mejoró y muchos de estos avances fueron por el esfuerzo, la perseverancia y la contribución de las organizaciones de mujeres y feministas. Pero todavía falta mucho por hacer”. La inauguración de esta cumbre estuvo precedida, el domingo, por una multitudinaria y colorida marcha convocada por ONU Mujeres por las calles de Manhattan, en el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “Por un planeta 50-50 en 2030”, un planteo que busca alcanzar la igualdad de género en 15 años. La delegación argentina en las sesiones está integrada por la embajadora ante la ONU Marita Perceval y estaba previsto que estuviera encabezada por la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras Bruscetto, pero ayer no se vio a la funcionaria en el sitio asignado a la Argentina en el salón de sesiones. También la conforman representantes de ONG como Bianco, que es titular de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM). Otras argentinas que ya estaban ayer participando de la cumbre son Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que lidera Hugo Yasky; la abogada rosarina Susana Chiarotti, de Cladem, y la periodista Liliana Hendel, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, entre otras.

Legalizaciòn del aborto: La vice de La Pampa a favor

La vice de La Pampa a favor La vicegobernadora de La Pampa, Norma Durango, reveló ayer que está “de acuerdo con el aborto legal, seguro y gratuito”, cuyo debate se mantiene demorado en el Congreso de la Nación. Durango afirmó que está a favor de la legalización del aborto pero que su expresión es “a título personal”, ya que aún no se debatió dentro del Partido Justicialista, espacio al que pertenece. “A título personal estoy de acuerdo con que el aborto sea legal y gratuito, aunque antes debe darse un profundo debate en la sociedad”, aseguró. Además, señaló que estadísticamente el aborto ilegal es una causa de muerte “importantísima entre las mujeres”. Por otra parte, la vicegobernadora admitió que “es un problema” que un grupo de médicos de General Pico se nieguen a realizar los abortos no punibles aduciendo “objeciones de conciencia”. En octubre de 2014, la totalidad de profesionales del Hospital Centeno de esa ciudad del norte pampeano se negó a realizar un aborto no punible a una nena de 11 años, que quedó embarazada luego de ser violada, al alegar “objeción de conciencia”.

Aborto legal: Diez razones

Diez razones Por María Elena Barbagelata * Las deudas de la democracia: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hay diez razones para dar el debate sobre la despenalización del aborto. 1. Porque penar la interrupción voluntaria del embarazo implica considerar que la mujer no es un sujeto de derecho sino una cosa. Que no puede decidir sobre su cuerpo, no tiene libertad ni dignidad como ser humano que merezca el respeto a su capacidad de decisión sobre su salud, su maternidad, sus proyectos y planes de vida y su privacidad. Implica que la mujer es considerada como una cosa, sobre la cual otros deciden por ella. 2. Porque penar es discriminatorio, ya que la aplicación de esta pena afecta a las mujeres en forma desproporcionada. La discriminación no sólo es directa, también asume formas indirectas: es cuando los efectos negativos pesan sobre las mujeres y no sobre todos los miembros de la sociedad en general, y con mayor razón, cuando sus efectos recaen en especial sobre las mujeres pobres. 3. Porque penar no previene la interrupción del embarazo. 4. Porque no se cumple la finalidad de la pena, cuyo objetivo es la resocialización de quien es sancionado, tal como afirma nuestra Constitución Nacional. Sólo sirve como castigo y genera un trato cruel hacia las mujeres. 5. Porque lo que se castiga es, en definitiva, la decisión de no querer convertirse en madre. 6. Porque existen disponibles otros recursos más idóneos para evitar los abortos, que son medidas extra-penales, es decir fuera del derecho penal: medidas de seguridad social y de salud sexual y reproductiva, incluyendo educación sexual. 7. Porque penar además de ser un recurso inidóneo es innecesario. Su efecto real conduce a aumentar los abortos inseguros y la mortalidad materna. La pena por aborto es contraria al principio de necesidad. 8. Porque la pena debe ser el último recurso: la “ultima ratio” por su naturaleza represiva, cruel y discriminatoria. Antes están las medidas extrapenales. 9. Es inaplicable. En la práctica no hay casi denuncias ni condenas. La figura penal opera como una amenaza que termina fortaleciendo el circuito económico de las prácticas de salud, con el riesgo de que quien no puede pagar, termine en el aborto inseguro con riesgo de vida. Si realmente fuera una pena aplicable, tendríamos que estar privando de la libertad por lo menos a 500.000 mujeres por año (es el número estimativo de abortos anuales) más los profesionales intervinientes, lo que da la pauta del despropósito de los que insisten en mantener esta figura penal. 10. No estamos discutiendo la legalización del aborto en cualquier tiempo de la gestación. Las propuestas legislativas y la legislación comparada admiten la decisión de interrumpir el embarazo voluntariamente en las primeras semanas de gestación. Es necesario reconocer y armonizar los derechos de la madre con otros derechos que tendrán una protección gradual e incremental en el derecho, según su desarrollo. Pasadas las 14 semanas prácticamente ninguna legislación admite la interrupción excepto otras causales que comprometan la salud, la vida o la integridad de la mujer. Nadie está a favor del aborto, pero queremos discutir otras soluciones. Estamos propiciando un debate en serio que encauce la cuestión fuera del derecho penal y dentro del derecho a la salud con un enfoque de los derechos humanos de las mujeres, libres y dignas. El día internacional de la mujer debe ser una fecha para cuestionar las deudas de la democracia y comenzar en serio a saldarlas. * Ex diputada socialista y ex integrante de la Comisión Redactora del Anteproyecto de Código Penal.

UN INFORME ALENTADOR SOBRE LA LUCHA DE LAS MUJERES

SOCIEDAD › UN INFORME ALENTADOR SOBRE LA LUCHA DE LAS MUJERES El debate del aborto avanza en la región El Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, informó sobre los avances en el debate sobre el aborto en Latinoamérica. Los casos de Chile, Dominicana y El Salvador. Por Mariana Carbajal Los debates por el acceso al aborto mostraron avances significativos en el último año en algunos países de América latina. El proyecto de ley que impulsa la presidenta Michelle Bachelet en Chile para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en algunas circunstancias; la aprobación en diciembre en República Dominicana de una reforma al Código Penal que permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación, y el indulto otorgado a comienzos de año en El Salvador a Guadalupe, una joven que pasó siete años privada de su libertad por sufrir un aborto espontáneo de un embarazo producto de una violación a sus 18 años, son algunos de los hechos más relevantes, destacados en un informe elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos, una reconocida organización con sede central en Nueva York, que trabaja en la temática a través de litigios estratégicos. Sobre la Argentina, donde la discusión parlamentaria por la descriminalización del aborto permaneció estancada durante 2014, el CDR celebró el acto público en el que las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires del área de derechos humanos le pidieron disculpas en diciembre a la joven con discapacidad mental L. M. R., por denegarle el acceso a un aborto legal en 2006 en un hospital de La Plata, luego de quedar embarazada como consecuencia de un abuso sexual cometido por un familiar, un caso por el cual el Estado argentino fue condenado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El pedido de disculpas públicas fue parte de las medidas de reparación acordadas con la víctima y su madre, luego del pronunciamiento del Comité. El informe del CDR analiza avances, retrocesos y desafíos en Latinoamérica en relación con el acceso a los derechos reproductivos en 2014 y se extiende al inicio de este año. Fue difundido por su oficina regional, que está ubicada en Bogotá y dirige la colombiana Mónica Arango Olaya. “Durante el 2014, los debates en torno de la garantía de los derechos reproductivos en América latina tuvieron una gran relevancia. Si bien se dieron pasos importantes hacia su protección y reconocimiento, persisten barreras formales y sustantivas que siguen limitando el goce efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres”, observó Arango. La interrupción voluntaria del embarazo en la región se caracteriza por legislaciones que criminalizan la práctica y sólo la permiten en causas específicas. En algunos países incluso está prohibido en todas las circunstancias. Este escenario empuja a las mujeres que necesitan abortar a la clandestinidad, con los riesgos que implica. Los únicos países donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados. El aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua. Uno de los principales avances señalados por el CDR en la región es la reforma al Código Penal aprobada en diciembre en República Dominicana, que entrará en vigencia después de un año de la publicación de la ley y permitirá acceder a un aborto seguro cuando la vida de la mujer o el feto estén en riesgo, así como cuando se den casos de malformaciones incompatibles con la vida y en casos de violación. El proyecto que anunció en enero la presidenta Bachellet en Chile apunta en el mismo sentido. “El Congreso chileno enfrenta un momento crucial para reformar su legislación y liberalizar el aborto de manera gradual, como supuesto básico para cumplir con la obligación de garantizar la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la información, los bienes y los servicios de salud reproductiva”, apunta el informe del CDR. Otro de los hechos relevantes a nivel regional es la declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos adoptada en septiembre por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La declaración reconoce que la discriminación de género, los estereotipos culturales y la falta de garantía de los derechos sexuales y reproductivos son obstáculos para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia. En junio, el Estado peruano adoptó un protocolo nacional para la prestación de servicios de aborto legal y seguro que “proveerá claridad para el personal médico y pacientes sobre el acceso a dicho procedimiento”, puntualiza el CDR. La adopción de este protocolo es parte de las recomendaciones de una decisión histórica del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité Cedaw), en el cual se determinó la violación por parte del Estado de los derechos humanos de L.C., a quien le negaron el acceso a los servicios de aborto legal. En marzo, el Estado de Brasil realizó la reparación económica y simbólica en el marco de la ejecución de la decisión Comité Cedaw en el caso conocido como “Alyne vs. Brasil”, por la cual se estableció la responsabilidad internacional de ese país por la muerte de Alyne, una mujer afrobrasileña que no recibió atención médica de calidad por complicaciones asociadas con su embarazo. El caso es el primero que establece la responsabilidad en el marco internacional, por faltar a la obligación de garantizar la calidad del cuidado de salud y el embarazo seguro. Entre los retrocesos y desafíos, el CDR menciona las siguientes novedades: - En Colombia, en marzo, la Corte Constitucional avaló la práctica de la esterilización quirúrgica a personas de menos de 18 años con discapacidad cognitiva y psicosocial, luego de resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prohibía, en todos los casos, practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos. - En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo suspendió 10 artículos del decreto reglamentario de la ley que autoriza la interrupción voluntaria del embarazo y restringe el derecho a la objeción de conciencia de los médicos en materia de aborto. “La decisión adoptada por el alto tribunal pone en riesgo los límites al derecho a la objeción de conciencia de los prestadores médicos, lo cual se traduce en mayores barreras de acceso a los procedimientos de aborto por parte de las mujeres”, advirtió el CDR. - En Honduras se mantiene la penalización total del aborto, así como la prohibición de la anticoncepción de emergencia. “Ambas restricciones violan los derechos a la autonomía reproductiva, a la integridad personal, a la intimidad, a la salud y a la vida de las mujeres, y han generado un contexto de persecución para aquellas mujeres que intentan acceder a los servicios de salud reproductiva”, señaló la organización.

martes, 3 de marzo de 2015

Clínicas, viajes y privilegios: así son los abortos “cuicos” en Chile

Los testimonios que apoyan las declaraciones de la ex ministra de Salud Clínicas, viajes y privilegios: así son los abortos “cuicos” en Chile Algunas críticas apuntan a que la ex secretaria de Estado Helia Molina no tiene pruebas para decir que en exclusivos recintos de salud se realizan interrupciones del embarazo. Sin embargo, hay quienes aseguran que esa es una realidad que ha existido en el país desde hace años. Aquí hablan una matrona, una mujer que abortó en una clínica y una especialista que ha atendido a chilenas de más recursos cuando viajan a Argentina para terminar con embarazos no deseados. por ALEJANDRA CARMONA Dichos de Molina sobre abortos “cuicos” molestan en La Moneda y SECOM ordena comunicado a Salud que habla de “opinión personal” Clínicas privadas califican como de “máxima gravedad” dichos de ministra Molina Abrumador apoyo a palabras de Helia Molina la convirtieron en tendencia mundial en Twitter Helia Molina reconoce su error político pero no se arrepiente de lo que dijo: “No soy una rockstar, sólo me interesa que al Gobierno le vaya bien” Teillier cuestiona salida de ministra Molina y pone en duda que funcionarios públicos “no puedan decir las verdades en voz alta” Castro critica salida “en caliente” de Helia Molina y dice que nadie imaginaba que el aborto volvería al tapete tras salida de ministra La periodista Yasna Lewin tenía 26 años, otro hijo y una complicada situación laboral cuando quedó embarazada, hace 20 años: “Aborté en una clínica cuica. Con un médico que atendía en su consulta de Providencia y que conocí gracias al boca a boca, por una amiga. Yo estaba en un momento complicado de mi vida, profesionalmente, y el aborto fue en el marco de mi matrimonio, pero tengo una profunda convicción sobre el derecho de la mujer de poner término a un embarazo cuando lo desee, porque en la medida que todavía no se trata de una vida humana, tenemos derecho a decidir. De acuerdo a la ciencia, la vida no es humana mientras no se produce el tejido neurológico”. Cuando Yasna escuchó las críticas que llovieron sobre la renunciada ministra de Salud, Helia Molina, que dijo que “en todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”, sintió ganas de contar parte de su historia porque cree que su caso es la “encarnación de la injusticia y contarlo es una forma de reivindicar un derecho”. Después de esa consulta en Providencia y previo pago de 700 mil pesos, Yasna fue derivada a la clínica y así, sin mayores complicaciones, puso término a un embarazo de casi tres meses. Su esposo siempre la apoyó en todo, porque –según explica– él entendía que la decisión final quedaba en sus manos. “Tuve todas las posibilidades de hacerlo porque tenía los recursos y la formación. Yo tuve que pagar antes y en efectivo; no todos tienen esa facilidad. Para mí es inevitable pensar en aquellas mujeres que no pueden acceder o esas niñas de 11 o 12 años violadas o que tienen hijos a esa edad y se arruinan la vida, porque tener un hijo a esa edad es muy difícil”. LA POSIBILIDAD DE VIAJAR A pesar de que las palabras de la ministra Molina levantaron una polvareda, la sentencia es apoyada por varios especialistas que estudian el aborto en Chile: las diferencias de acceso a la interrupción del embarazo –práctica que está penada en cualquier caso– está marcada por la condición social de las mujeres. La doctora María U. pertenece a una ONG que ayuda a interrumpir embarazos en Argentina, pero no sólo a mujeres de ese país. También llegan chilenas. “Atendemos entre 4 a 8 mujeres chilenas por mes. Esas llegan a Buenos Aires y el doble llega a Mendoza. Son las más pudientes y suelen requerir más servicio que las argentinas promedio, ya que por ser de clase social alta suelen tener información y más preguntas”, dice la especialista. Lidia Casas, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, señala que hay una variedad de experiencias: mujeres más jóvenes que usan el misoprostol –prostaglandina sintética que fue diseñada originalmente para combatir las úlceras, pero que antes de los dos meses imita a un aborto espontáneo–, aunque sin la información necesaria, exponiéndose a mayores riesgos; otras que van a auxiliares de enfermería o a médicos que usan todavía métodos rudimentarios, como sondas, que siempre tienen mayor probabilidad de infección; y luego está todo el espectro de clases sociales en que las clases medias y medias altas pueden ir a mejores servicios: “Consultas de ginecobstetras, o en consultas informales, en centros clínicos más formales, o a otro país: comprar el ticket de avión no solo para ellas sino para un acompañante, estadía en hotel y luego el procedimiento. Algunas de las mujeres, pacientes de uno de los médicos entrevistados para nuestro informe, salieron de Chile porque gestaban fetos con malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y que, por el período de gestación, ya no era posible el uso seguro de misoprostol y requerían una supervisión clínica más cercana”, comenta Casas. Lidia cuenta, asimismo, que para el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, de la UDP, levantaron información a través de un estudio cualitativo. Hicieron entrevistas a mujeres, a profesionales de la salud y a acompañantes: parejas, amigas, familiares, en el proceso de un aborto. “Lo que aparece en nuestras entrevistas es que, cuando las mujeres tienen más recursos, van a distintos lugares: a consultas privadas, a clínicas (aunque no dieron nunca sus nombres), a centros médicos, y otras a países con distintos grados de legalidad: Brasil, Argentina, Colombia y Cuba”, relata Lidia. La doctora María U. pertenece a una ONG que ayuda a interrumpir embarazos en Argentina, pero no sólo a mujeres de ese país. También llegan chilenas. “Atendemos entre 4 a 8 mujeres chilenas por mes. Esas llegan a Buenos Aires y el doble llega a Mendoza. Son las más pudientes y suelen requerir más servicio que las argentinas promedio, ya que por ser de clase social alta suelen tener información y más preguntas”, dice la especialista. Las mujeres se conectan mediante una página de Internet. También por medio de recomendaciones: los centros no son físicos porque el aborto en Argentina es ilegal, salvo en casos de violación o si hay peligro para la madre. La ONG sí tiene áreas fijas, como Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. “Les aseguramos que aquí atiende un médico matriculado, con todos los controles de higiene necesarios. Las que vienen se van agradecidas y muy contentas porque, a pesar de la desconfianza que traen, se van con la solución que en Chile no encuentran”, cuenta María desde Buenos Aires. “Se hace paralelo al sistema de salud porque aquí es ilegal. Se siguen los protocolos que una interrupción requiere, aunque no se incluye internación, de esta manera es ambulatorio”, cuenta María. Los lugares solo son conocidos por las mujeres que necesitan el procedimiento. María también dice que es más barato. “Aquí, a una mujer con 7 semanas, solo se cobra 510 dólares”, detalla María. El procedimiento incluye médico, auxiliar, ecógrafos, camillas, estufas de esterilización e instrumental. También medicamentos como anestesia y anticonceptivos. Sin embargo, incluso los viajes apuntan a distintas mujeres según su acceso. Mientras un aborto en Buenos Aires puede alcanzar el millón de pesos, más los pasajes, en Perú la oferta es distinta. El año 2012, Y. B. (31), chilena, fue condenada a pena remitida y a pagar $100 mil de multa, por un aborto que se realizó en el mismo hostal en que se hospedaba en Tacna. Pagó solo 30 soles por la interrupción de su embarazo de mes y medio; es decir, cerca de 6 mil pesos chilenos. Los diarios de ese país contaron que la obstetra que acudió a la habitación del hostal donde se hospedaba, le puso una inyección, le recetó tres pastillas para evitar el dolor y se fue. Y. B. quedó grave, internada en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. LA DESIGUALDAD Paula es matrona de una de las clínicas más exclusivas de Santiago. Tiene más de tres décadas de experiencia y puede describir cómo la posibilidad de abortar de forma segura siempre ha estado a la mano de quienes tienen mayores recursos: –Hace algunos años era más fácil que ahora abortar en clínicas. Generalmente se entregaban algunos diagnósticos para que las mujeres pudieran entrar a pabellón, como sinequia uterina (las paredes del útero están pegadas) o metrorragias disfuncionales. Había que hacer una muestra y un raspado biópsico y el doctor mandaba una orden de hospitalización. Ahora en muchas clínicas se pide ecografía tomada en la misma clínica y por un médico que no sea el tratante. Sin embargo, lo que ahora se ve con mayor frecuencia son los raspajes post uso del misotrol. Se está usando mucho misotrol que se vende en el mercado negro y puede costar hasta $80 mil. Ya eso queda a criterio del médico, a pesar de que con una muestra se puede saber si se usó o no ese remedio cuando una mujer llega con síntomas de aborto. Paula agrega que, en zonas rurales o en casos de mujeres con menos educación, aún se utilizan técnicas mortales, como las sondas o el tallo de perejil, que se introducen en el cuello uterino. Según un estudio de la Defensoría Penal Pública –contenido en el informe de la UDP–, la condición socioeconómica de las imputadas por aborto entre 2001 y 2009 es de estratos medios y bajos. Casi un 32% son estudiantes –20% son secundarias–, una cuarta parte con trabajo estable y cerca de un 15% estaba cesante y el resto –24%– declaraba ser dueña de casa. El informe de la UDP señala que una profundización en estas cifras, conocida gracias a otro informe, da cuenta de más detalles: “Respecto al nivel educacional de las imputadas, casi el 36% no completaba la educación media, el 22% la había completado, un 20% tenía estudios incompletos de educación técnica o universitaria y el 4% alcanza estudios universitarios completos”. En Chile, las cifras de abortos provocados son inciertas. El fundador del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (CEMERA), Ramiro Molina, con un equipo de la Universidad de Chile, concluyó que alcanzaban a los 100 mil al año. Olav Meirik, un epidemiólogo del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva y consultor de la Organización Mundial de la Salud, los sitúa entre los 60 a 90 mil al año. Uruguay es uno de los países que logró la despenalización del aborto recién el año 2012 y los resultados en términos epidemiólogicos tienen satisfechos al gobierno. En conversación con El Mostrador, el ministro interino de Salud de ese país, Dr. Leonel Briozzo, comenta que existe “mortalidad materna cero” por abortos mal hechos, después de la ley. “Los servicios funcionan y un dato que nos llamó la atención es que, en los países que despenalizan el aborto, estos disminuyen, porque las mujeres no toman el aborto como método anticonceptivo, sino como última opción”. La realidad no se aleja mucho a la de Chile. Briozzo asegura que la desigualdad en estos casos es una verdad que muchos no quieren ver: “El aborto inseguro es, si se quiere, uno de los elementos de mayor hipocresía en nuestras sociedades. Es absolutamente real y comprobado científica y socialmente que aquellas mujeres que tienen recursos y capital social tienen abortos seguros, y aquellas que no, arriesgan su vida y su salud. En todas las clases sociales se ven enfrentadas a embarazos no deseados. Las mujeres pobres son las que arriesgan su vida y su salud en abortos clandestinos”.

Propuesta de Gollan para reducir la mortalidad materna por abortos: El camino de las consejerías.

SOCIEDAD › PROPUESTA DE GOLLAN PARA REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA POR ABORTOS El camino de las consejerías El ministro de Salud planteó implementar consejerías pre y post aborto, como en Uruguay antes de la despenalización. También propuso un “debate maduro” sobre el tema, lo que se interpretó como un llamado a la discusión. Aníbal Fernández aclaró que “no está en agenda”. El flamante ministro de Salud, Daniel Gollán, expresó ayer su preocupación por los 500 mil abortos que cada año se practican en la clandestinidad en la Argentina, muchos de los cuales, “sobre todo en mujeres de bajos recursos, les provocan la muerte”. Y consideró que “una de las posibilidades concretas” de enfrentar el problema “es el camino que tuvo Uruguay antes de la ley de despenalización (del aborto), que son las consejerías” donde se les ofrece a las mujeres, en la confidencialidad de la consulta, toda la información “para que puedan decidir en plenitud de conciencia” qué hacer frente a un embarazo no deseado. “En Uruguay dio excelentes resultados”, destacó el ministro. “Entonces –agregó–, creo que vamos a propiciar un debate maduro, con la academia, con todos los sectores de a sociedad, donde podamos abordar este problema.” Sus palabras fueron interpretadas por algunos medios en el sentido de que estaba llamando a debatir la despenalización y legalización del aborto en el Congreso. Horas más tarde, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se encargó de aclarar que “no está en la agenda (del Gobierno) tratar el tema”. Gollán se explayó sobre el problema del aborto en el país en una extensa entrevista en la Radio Nacional Rock, donde se refirió también al alcance de los planes de vacunación y el descenso de la mortalidad infantil. El ministro precisó con relación a los abortos no punibles que “hay que cumplir con la ley” y realizarlos. “Hay una ley que hay que cumplir”, reafirmó, sobre los permisos para abortar que contempla el Código Penal en el artículo 86 y que fueron ratificados por un fallo de la Corte Suprema en marzo de 2012: cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una violación. En ese sentido, indicó que en “muchos hospitales” se está cumpliendo y en otros “siguen existiendo” trabas vinculadas a “la objeción de conciencia” que esgrimen médicos para no realizar las interrupciones legales de embarazo. “Pero ya tenemos un sistema aceitado, que cuando se transforma en una traba, tenemos maneras de resolver el problema en otro hospital de otra provincia o en la misma provincia, pero mediando la ayuda concreta del ministerio”, aclaró. En relación con los abortos que se realizan más allá de esos permisos legales, Gollán informó que “desde hace un tiempo” desde el ministerio se está trabajando “con el tema de las consejerías” pre y post aborto. “Somos conscientes de que la mujer tiene todo el derecho a tener toda la información posible para decidir qué quiere hacer con la interrupción, con un aborto. Y ya no estamos hablando de los abortos legales. En el país hay 500 mil abortos anuales y es una causa de mortalidad materna. Tenemos que hacer un debate maduro sobre esto”, señaló. El año pasado, una delegación de ministros de Salud de diferentes provincias y de la ciudad de Buenos Aires, acompañados por el entonces subsecretario de Medicina Comunitaria y flamante secretario del área, Nicolás Kreplak, viajaron a Uruguay –invitados por una ONG argentina– para conocer el modelo de las consejerías y su implementación en el sistema de salud pública del vecino país. La experiencia, que comenzó en Uruguay desde 2001 como una estrategia de reducción de daños y riesgos –en un contexto de criminalización del aborto similar al vigente actualmente en Argentina–, surgió a partir de la iniciativa de un grupo de médicos del Hospital Pereira Rossell, el más importante de la ciudad de Montevideo, preocupados por el aumento del número de mujeres que se morían como consecuencia de abortos inseguros. Luego, la iniciativa se convirtió en resolución ministerial y más tarde en ley nacional, en el marco de la normativa de salud sexual y procreación responsable. Con esa política, Uruguay logró eliminar las muertes por abortos inseguros. La estrategia consiste en brindarle a una mujer que enfrenta un embarazo no deseado información sobre los métodos más seguros para interrumpirlo, como el uso de la droga misoprostol, y se la advierte sobre los riesgos de recurrir a técnicas precarias. Además, se le da atención luego de que por su cuenta haya llevado adelante un aborto a fin de que no sufra hemorragias ni infecciones. En la Argentina, el Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, de la ciudad de Buenos Aires, fue el primer ámbito sanitario que comenzó en 2004 a replicar la experiencia uruguaya. En los últimos años, otros servicios hospitalarios y centros de salud en distintas provincias están ofreciendo este tipo de consejería. El municipio de Morón, gobernado por Nuevo Encuentro, es uno de los pocos del país que la incorporó como política sanitaria. Uruguay, a fines de 2012, avanzó con la sanción de una ley que despenalizó el aborto temprano. Según cifras oficiales, no se registraron muertes de mujeres que abortaron dentro del mecanismo previsto por la ley, y menos del uno por ciento de los abortos derivó en complicaciones. En la Cámara de Diputados, la oficialista Mara Brawer está trabajando en un proyecto de ley para incorporar las consejerías al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a través del cual se distribuyen métodos anticonceptivos a todos los hospitales y centros de salud. El proyecto busca, por un lado, procurar que las mujeres no aborten, acercándoles todos los instrumentos y programas posibles (cuando sean causas económicas, de violencia de género, por falta de vivienda u otros motivos), disminuir los riesgos y daños asociados al aborto inseguro, facilitar el curso institucional oportuno de los abortos no punibles y promover la adecuada atención post aborto, en todos los niveles de atención del sistema de salud. Esta iniciativa “no modifica el estatuto legal de la práctica del aborto voluntario, pero sí las acciones educativas y sanitarias que fortalezcan los derechos de las mujeres y reduzcan la alta mortalidad materna” se encargó de explicar Brawer. ¿Cómo funciona el asesoramiento en el Hospital Argerich? Cuando los médicos reciben a una adolescente que enfrenta un embarazo que no quiere continuar, se le explica que no le pueden realizar el aborto porque es una práctica ilegal. Se habla con ella sobre las causas que motivan el deseo de interrumpir el embarazo, se le brinda la información sobre otras instancias como puede ser la adopción. En general, la mayoría mantiene firme su decisión y expresa que conoce el misoprostol, una droga que se usa para realizar abortos con medicamentos, y que lo va a usar. Se le informa sobre los riesgos médicos y también legales. Se la escucha y se respeta la decisión informada y consciente que toma.

Reportaje a ginecólogo y obstetra Pablo Lavín

Doctor en la trinchera REPORTAJES Etiquetas: Aborto, legislación, salud 15 DICIEMBRE, 2010 DEBATE ABORTO DOCTOR EN LA TRINCHERA
Mientras el aborto terapéutico y la píldora del día después se discuten eternamente en la política, la realidad no espera. Pablo Lavín, jefe del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Barros Luco, se enfrenta día a día, desde hace 35 años, con embarazos de alto riesgo que lo obligan a tomar decisiones en minutos. ¿Inducir el parto antes de que llegue a término? ¿Arriesgarse a esperar aunque la madre corra peligro? En Chile, Lavín –y muchos otros médicos anónimos– se mueven en un campo minado de dudas legales y éticas. Por Guillermina Altomonte / Fotografía: Sebastián Utreras. El Hospital Barros Luco es un laberinto sin salida para un novato. Sus pasillos de techos altos y paredes de color indefinido se comunican sin orden lógico ni letreros informativos. Hay que cruzar los dedos al elegir hacia dónde doblar en cada intersección para encontrar el camino al Servicio de Ginecología y Obstetricia, donde cada año dan a luz más de 4 mil quinientas mujeres. Pero el ginecólogo y obstetra Pablo Lavín (61), jefe del servicio, podría recorrerlo con los ojos vendados. Lleva 35 años acá, atendiendo mujeres que necesitan un método anticonceptivo o tienen alguna complicación grave en su embarazo. Ningún día es igual al otro para Lavín. Hoy, por ejemplo, toca la puerta de su oficina una chica de 18 años acompañada por su madre. La joven tiene 31 semanas de embarazo y desde hace 10 días sabe que su guagua tiene trisomía 18. Eso quiere decir que el feto tiene un cromosoma 18 adicional, lo que origina graves malformaciones en sus órganos. La guagua morirá a las pocas horas o días de nacer. En Chile la ley prohíbe todo tipo de aborto, incluidos el aborto eugenésico –la interrupción del embarazo cuando se diagnostica que el feto no tiene posibilidades de sobrevida al nacer– y el aborto terapéutico –cuando está en peligro la salud física de la madre–. Esto significa que, por ley, esta mujer está obligada a cursar su embarazo hasta dar a luz. Lavín ya está al tanto del caso. Esta mañana, al iniciar su turno en el hospital, discutió con su equipo la petición de la joven: que le autoricen una inducción para que su guagua nazca antes de las 40 semanas. “No quiero alargar más la situación, porque ya sé cuál es el final de todo esto. Lo que pido es que no sea más traumatizante de lo que ya ha sido”, dice ella, quien recibe apoyo sicológico de una siquiatra de la Universidad de Chile que trabaja con pacientes que tienen embarazos patológicos. La joven siente los movimientos de la guagua en su vientre y se quiebra cada vez que piensa que sólo la tendrá en brazos unos minutos. Como está en su semana 31, terminar su embarazo técnicamente no es un aborto sino un parto prematuro, una herramienta que utilizan médicos chilenos en un caso como éste: a partir de la semana 20 de gestación el feto puede vivir fuera del útero, aunque con bajas probabilidades de sobrevida. Pero ésta es una zona gris: no hay un marco legal claro que prohíba o permita esta medida. Por la misma razón, muchos médicos se rehúsan a inducir el parto en estos casos. “Se oponen, porque el feto, aunque es inviable, tiene latidos”, explica Pablo Lavín. “En este mismo servicio hay quienes dicen que no se atreven por las posibles implicancias legales, otros porque su fe se lo impide”. Pero Lavín cree firmemente que es la mujer quien debe decidir. “Acá la que importas eres tú”, tranquiliza a la joven embarazada. El temor de los médicos “La medicina a veces tiene límites difusos”, dice Pablo Lavín mientras estaciona su auto en el lugar que tiene reservado en el Barros Luco. Hace maniobras para bajarse con su enorme maletín, un café descafeinado –porque la cafeína le da extrasístole y se pone a toser– y una bolsa de papel que contiene un muffin porque casi nunca alcanza a tomar desayuno en su casa. Hijo de un cirujano, se formó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en 1974 llegó al Servicio de Ginecología del Barros Luco, en una época en que el aborto terapéutico se practicaba: recién en 1989 se promulgó la ley que lo prohíbe en Chile (ver recuadro). “En ese tiempo este hospital era el servicio de obstetricia más grande del país: teníamos 17 mil partos al año”, recuerda Lavín. “Nos formamos bajo el principio de que, frente a situaciones límite, se hace lo que el criterio médico dice. Es ahora que nos hemos entrampado con la legalidad. Es muy bonito discutir estos temas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Tribunal Constitucional, con un cafecito y aire acondicionado”, prosigue el doctor, “pero otra cosa es ver la realidad. La vida es distinta de la teoría”. Da un ejemplo. “Hoy, gracias a la tecnología, puedo diagnosticar si un feto no tiene cerebro. La ley no me permite terminar ese embarazo, porque el feto está vivo. Además, la madre aún no corre riesgo vital. Pero el embarazo siempre encierra riesgos. En Chile mueren unas 40 mujeres al año por complicaciones del embarazo. Son 40 mujeres jóvenes que dejan a una familia sin madre. Esto ocurre porque un embarazo cualquiera puede derivar en una patología como la preeclampsia –hipertensión que se manifiesta en el último tercio de la gestación– o diabetes gestacional, que pueden llevar a la madre a la muerte. ¿Por qué vamos a permitir, entonces, que un embarazo que no tiene ningún futuro llegue a término, si durante ese curso podría dañar a la madre? Lo racional y el criterio médico indican que hay que terminarlo”. Pero quizás hay mujeres que sí quieren cursar ese embarazo. –Así es. En el terreno de la ética, la que tiene que decidir es la madre, no uno. Hay un grupo de sicólogos que dice que la madre, cuando cursa el embarazo completo, hace un mejor duelo. Si ella quiere optar por eso, es su decisión. Pero yo, como médico, tengo la obligación de plantearle cuáles son los riesgos. Y si ella no quiere pasar por ese embarazo, porque piensa que va a ser un sufrimiento, debería tener la posibilidad de seguir ese camino. En eso está ahora la embarazada cuyo feto tiene trisomía 18. El equipo médico ha resuelto adelantar el parto. El doctor Lavín le propone a la paciente inducirlo con píldoras de misotrol, una progestina que estimula las contracciones del útero. Ella acepta y firma una ficha. Mañana a primera hora ingresará a la Unidad de Medicina Materno Fetal del Barros Luco para que nazca su guagua. El doctor Lavín recuerda un caso emblemático y ampliamente cubierto por la prensa, ocurrido en 2003, cuando Griselle Rojas –27 años, madre de dos hijas– deambuló por varios hospitales solicitando autorización para realizarse un aborto terapéutico, porque tenía una mola embrionada. Una mola es pura placenta que se transforma en unas especies de vesículas y produce sustancias que intoxican a la mujer. Eventualmente se puede transformar en un corio-carcinoma, un cáncer. “Por lo general, en los embarazos molares no hay feto, por lo tanto, la mola se saca sin gran discusión. Pero esta mujer además de la mola tenía un embrión, que eventualmente podría ser viable: se sabe de embarazos molares que han llegado a término. Entonces algunos médicos eran partidarios de interrumpir el embarazo y otros no”, explica Lavín. “Finalmente a esta paciente se le realizó una microcesárea en el Hospital Luis Tisné cuando el feto tenía 22 semanas y la mujer estaba en riesgo vital por una preeclampsia. Pero aun en estas situaciones extremas no está zanjada la discusión, porque la ley no contempla estos casos”. ¿Qué otros casos generan discusiones en los equipos médicos? El embarazo ectópico, en que el feto está en el abdomen o en la trompa, donde es inviable. En muchos de estos casos el organismo genera contracciones y bota el embrión. Pero si no parten luego las contracciones, la trompa, que no es capaz de almacenar un feto, se rompe. La mujer se puede infectar. La mayoría de las veces las pacientes llegan con hemorragias internas y, para salvarles la vida, se les saca la trompa y, por lo tanto, el embrión. Pero hoy, con la tecnología, es posible diagnosticar un embarazo tubario antes de la rotura. Lo que sucede es que como el feto tiene latidos, hay médicos, con los cuales hemos tenido fuertes discusiones, que no hacen nada hasta que empiezan las contracciones o la trompa se rompe. Pero en la espera la mujer se puede morir. ¿Y cómo le explicas a la familia que la madre se murió en tus narices porque no hiciste lo que tenías que hacer? ¿En la práctica, quién toma la decisión final? El jefe de turno del hospital. Los turnos son de 12 horas para las matronas y 24 horas para los médicos. Pero los turnos de repente tienen conductas contrapuestas. Porque un doctor dice “yo induzco este parto”, y otro “no, yo no me atrevo”, y otro “no, hay que esperar”. Hace poco tuvimos el caso de cuna mujer que llegó con el huevo roto, una expresión que usamos cuando se rompen las membranas que contienen el líquido amniótico. Cuando esto ocurre, entran infecciones desde la vagina y en cosa de horas la madre puede morir. Pero el feto –de 20 semanas– tenía latidos. Y hubo una discusión entre los médicos: el grupo que recibió a la mujer decidió esperar que se iniciaran las contracciones naturalmente, pero el turno siguiente no quería hacerse responsable de que la mamá se infectara y muriera. Finalmente se indujo el parto. Los criterios son subjetivos, entonces. Hay comités de ética en los hospitales y, eventualmente, uno les lleva estos casos complejos. Pero se toman su tiempo en contestar, y resulta que una señora que llega con el saco amniótico roto se infecta en horas. Acudir al comité no es una herramienta tan eficaz cuando hay que actuar en el minuto. Lo que prevalece generalmente es el criterio médico; hacemos un consejo técnico, al cual concurren todos los jefes de unidades y el jefe del servicio, se plantea el caso y se toma la decisión. Firmamos la ficha y la paciente firma que está de acuerdo. Pero hay un temor muy grande de los médicos a actuar, porque nunca saben si les pueden meter un juicio. Y de repente prefieren no hacer nada, aunque la madre corra peligro, lo que yo creo que también debería ser enjuiciado. ¿Alguna vez ha habido un juicio a un equipo médico por esto? No que yo conozca. Pero no significa que no vaya a suceder. La ley no te deja protegido. Decisión de la madre En los pocos ratos libres que le deja el hospital, el doctor Lavín prepara sus clases de Ética para los alumnos de Medicina de la Universidad de Chile, asesora a un laboratorio y usa sus días de vacaciones para viajar a congresos de alguna de las 10 sociedades médicas a las que pertenece. Por eso paga hasta el café con tarjeta de crédito, para acumular millas. Viene llegando de Europa, donde asistió a un congreso en Ámsterdam. Todavía tiene el horario cambiado y casi se le olvida una charla sobre anticoncepción que tenía que dar en el Hospital de Carabineros. Más encima todavía no aprende a usar del todo su nueva Blackberry. Así las cosas, lo toman desprevenido tres estudiantes de la Universidad de Harvard que aparecen por su oficina. Están de intercambio en Chile y quieren conocer el Servicio de Ginecología y Obstetricia. El inglés de Lavín es fluido –hizo una maestría en Salud Pública en la Universidad de Johns Hopkins, en Baltimore, y luego un doctorado en Epidemiología Clínica en la Universidad de Chapel Hill, en Carolina del Norte–, pero les habla en castellano para que ellas practiquen. El doctor guía a las alumnas hacia la sala de trabajo de parto. –¿Ya estás con anestesia?– le pregunta a una mujer que tiene contracciones. –Sí, ya me la pusieron, ufffffff. –Ah, ahí viene otra contracción– dice mirando el monitor–. No te queda nada, pues chica, un par de contracciones más y va a salir. Se acerca a otra mujer. –Hola, ¿por qué estás aquí? –Tengo reposo absoluto hasta las 36 semanas, porque estoy con parto prematuro. –Pero va a valer la pena. Así que ánimo nomás. Mientras deshace el camino de vuelta a su oficina, Pablo Lavín va cerrando las puertas que encuentra abiertas hacia el exterior, refunfuñando que cómo es posible que la gente no se dé cuenta de que entra frío a los pasillos por donde transitan los enfermos. En uno de los recovecos del hospital se topa con los padres de la embarazada de 18 años. Le confirman que la joven tuvo su guagua la madrugada anterior con el equipo médico de turno y que está bien. Lo toman del brazo y le agradecen su ayuda: dicen que por fin su hija pudo tener a su guagua en brazos y enterrarla, tal como ella quería. “Aunque en Chile tuviéramos sólo un caso de una madre cuyo feto tiene una probabilidad de sobrevida casi nula o está expuesta a un riesgo innecesario por un embarazo patológico, ese caso debería estar regulado por la ley”, sostiene Lavín. ¿Qué debería estipular esa ley? Desde el punto de vista médico, deberíamos tener una ley de aborto terapéutico (cuando la vida de la madre corre peligro) y de aborto eugenésico (cuando el feto es inviable). Cuán amplia o estrecha sea esa ley, pongámonos de acuerdo. El aborto terapéutico es un término que se limita a los casos en que tú, haciendo un aborto, evitas un daño para la madre. Pero habría que hacer clasificaciones de todos los casos. ¿Qué pasa en la práctica, por ejemplo, con las embarazadas con cáncer? En general, los tratamientos del cáncer –quimioterapia, radiaciones o cirugía– matan al feto. Estas drogas son tan fuertes que tienen casi un 100% de letalidad para el embrión. ¿Hay casos en que se pospone la quimio por eso? Atendimos un caso, hace unos años, en que tuvimos que ir al comité de ética porque la madre, que tenía cáncer cérvicouterino, quería someterse al tratamiento: la extirpación del tumor y, por lo tanto, del útero. Pero el grupo de médicos que la trataba en el hospital no era partidario de eso, porque había un embarazo. Finalmente la madre se hizo una histerectomía, que era la operación que había que hacer para salvarle la vida. Ahora: de repente estás en el límite. Descubres un cáncer con un embarazo más avanzado. ¿Y si esperamos unos meses antes de iniciar el tratamiento? Ahí viene la discusión, porque puede ser que el cáncer avance a tal punto que después no haya posibilidades de mejoría. Esa decisión tiene que tomarla la madre, la familia. Ahora, el temor de las personas que se niegan a discutir una ley de aborto terapéutico es que se preste para que la gente lo mal utilice. El temor a que una ley provoque un desbande. –Pero es que uno puede mal usar cualquier herramienta. Si yo mato a mi señora con un cuchillo, ¿vamos a prohibir los cuchillos de cocina en las casas? No, porque tienen otro fin. Yo creo que el “mal uso” del aborto no se va a dar, porque tenemos métodos anticonceptivos de amplia difusión, y podríamos facilitar más su uso para evitar recurrir al aborto. ¿Es partidario del aborto entonces? –No. ¿Cómo voy a ser pro-aborto? Yo soy pro-bienestar de las mujeres. Evitemos los abortos: enseñémosle a la gente a usar anticoncepción, pongamos toda la batería de métodos a disposición de la población. Pero aun así, es importante que haya una ley exacta que permita a los doctores actuar sin temor frente a situaciones complejas de embarazo de alto riesgo. Hace años, por ejemplo, tuve una discusión con un grupo de médicos de un hospital que profesa una creencia religiosa. Tenían a una paciente con un embarazo ectópico y querían reimplantarle el embrión dentro del útero. Eso es muy temerario, una locura, porque la probabilidad de éxito es cercana a cero y esa maniobra, como toda cirugía, puede causar un daño en la madre. La medicina actual no está tan desarrollada como para lograr lo que ellos se proponían. Son médicos que llegan al extremo de que, como la vida del feto es tan sagrada, hay que hacer lo que sea para preservarla. ¿Y usted no cree que la vida del embrión es tan importante como la de la madre? –Es cierto que todas las vidas pesan lo mismo. Pero uno, como ser humano falible, dice: “Esta madre, que está viva y en peligro de muerte por este embarazo, tiene responsabilidades con sus otros hijos, en cambio el embrión no tiene ninguna responsabilidad”. Entonces, para uno, la madre es más importante. El doctor está apurado. Sus alumnos de Medicina lo están esperando para una clase de Ética. Como siempre, Lavín no habla de teoría: expone casos concretos que, día a día, lo han obligado a tomar decisiones contra el tiempo. Se arman grandes discusiones en la sala; algunos estudiantes critican al profesor. “Bueno, me gustaría hablar con ustedes cuando lleven 20 años de práctica”, dice Lavín de buen humor. “La vida no es aséptica”. ¿Ley o no ley? Otras voces. •Doctor Eugenio Suárez, presidente de la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia: “Ante un embarazo inviable o que puede significar la muerte de la mujer, los médicos estamos más expuestos de lo que sería razonable. Desde el punto de vista médico, un embarazo tubario o molar, por ejemplo, tiene indicación de interrumpirse, pero, eventualmente, eso podría ser materia de una acción legal contra el médico. No ha pasado hasta ahora, pero la ley actual nos deja en una posición vulnerable”. •Doctor José Andrés Poblete, miembro de la Unidad de Medicina Materno Fetal del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Pontificia Universidad Católica: “Una ley de aborto terapéutico no va a cambiar o mejorar el tratamiento del alto riesgo obstétrico: existen criterios para tomar decisiones médicas, por ejemplo, a una paciente con un embarazo ectópico, que corre riesgo vital, hay que intervenirla. Afortunadamente, en nuestro servicio no hay muchas diferencias de opinión. Tenemos una línea clara que respeta los principios de la Iglesia y nos obliga a respetar la vida del embrión al tiempo que evitar que las pacientes corran riesgos innecesarios. La diferencia es el aborto eugenésico: eso probablemente sí necesite legislación. Creo que la sociedad debería tener un marco en el que todos podamos tener la opción de decidir acorde a nuestras creencias y pensamientos. A uno le puede parecer bien o mal, puede tomarlo o no tomarlo, pero tenemos que estar todos representados en una ley”. •Doctor Julio Montt, presidente del Departamento de Ética del Colegio Médico: “El Código de Ética del Colegio Médico establece el respeto por la vida desde su inicio hasta su término. Desde el punto de vista ético y legal, creo que no es necesario legislar sobre el aborto terapéutico. En la práctica, cuando hay dos vidas comprometidas –la de la madre versus la del que está por nacer–, no hay discusión en cuanto a interrumpir ese embarazo por indicación médica. En otros casos, como el de la madre que decide terminar un embarazo porque el feto es anencéfalo, y es evidente que no va a vivir, ¿quién va a enjuiciar a su médico? Ese feto es un individuo vivo, pero no es persona”.