sábado, 12 de abril de 2014

Abortó y un médico la denunció: la justicia resolvió a favor de la mujer

En Cerrillos, Salta Abortó y un médico la denunció: la justicia resolvió a favor de la mujer Un juez salteño declaró la nulidad de la denuncia por considerar que se violó el secreto profesional y el derecho a la intimidad de la mujer, que tuvo que autoincriminarse para que la atendieran, ya que su vida corría peligro.
kitsch kitsch kitsch La Justicia salteña declaró la “nulidad absoluta” de una causa que se abrió contra una mujer por aborto porque se autoincriminó para poder ser atendida en el hospital. El fiscal de la causa instó la investigación contra la mujer luego de que el médico la denunciara. El juez consideró que se violó su derecho a la intimidad y la mujer se encontraba amparada por el secreto profesional. La mujer, identificada en la causa con sus iniciales N.N.L., fue al hospital después de realizarse un aborto porque necesitaba atención médica para salvar su vida. El médico que la atendió la denunció ante la justicia. El fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, abrió una investigación en su contra por aborto. Un delito con penas que van de uno a cuatro años de prisión. El juez interino de Garantías de Primera Nominación de Salta, Pablo Arancibia, hizo lugar al pedido de la defensa oficial de la mujer, realizada por Marcela Robles, que pidió la nulidad de la denuncia porque se violaron varios principios constitucionales. “La autoincriminación de los imputados, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos que es la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo en causa penal e impide la investigación del hecho en estos casos”, argumentó Robles. Arancibia coincidió con la defensa y declaró la “nulidad absoluta” de la denuncia contra la mujer porque entendió que la forma en que el fiscal se enteró del aborto (la denuncia del médico) fue hecha violando la “obligación de guardar secreto profesional” por parte del médico y la intimidad de la mujer. “La imputada se vio compelida a solicitar ayuda médica a riesgo de revelar la comisión de un ilícito, pero con la finalidad de salvar su vida”, explicó el juez. “Cuando se encuentra en juego un valor tan supremo como es la vida y consecuentemente dignidad de la persona, resulta inconcebible que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el imputado que acude a requerir atención hospitalaria”, dice la sentencia de Arancibia recordando otra similar. También recordó que la Corte Suprema de Justicia reafirmó el fallo plenario “Natividad Frías” donde se disponía el sobreseimiento de una mujer que habiendo practicado el aborto concurría a un centro de salud a fin de atenderse de alguna secuela. Un proyecto en marcha Ayer, diputados nacionales de diferentes bloques parlamentarios manifestaron su respaldo al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por más de 300 organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Se trata de una iniciativa impulsada por esa organización desde 2007 y que cuenta con el respaldo de más de 60 diputados, que volvió a ingresar al Congreso de la Nación. El Frente Renovador de Sergio Massa que no asistió al encuentro ni adhirió al proyecto hasta el momento. Una de las diputadas que encabezó la presentación del proyecto fue Adela Segarra (Frente para la Victoria), quien destacó que se trata de una iniciativa "transversal que atraviesa a todos los bloques parlamentarios" ya que "es un tema central y estratégico de salud pública". El proyecto despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de un embarazo con malformaciones fetales graves, el plazo se extiende. Relacionadas Turistas francesas: declararon los testigos que encontraron los cuerpos “Exijo conocer las circunstancias en que Cassandre fue masacrada” Empezó el juicio por el crimen de las turistas francesas en Salta EspecialesLa ESMA en 13 fotos: del horror a la memoriaNoticias RecomendadasOjo por ojo: del código de Hammurabi a los linchamientosMisiones: el fiscal de las tareas “secretas y confidenciales” Ultimas Noticias 1“Es necesario que todos podamos acceder a los mismos derechos" 2La vida de las hermanas Jara, a un año de su liberación 3Ascenso y caída de los policías intocables que investigaban a Los Monos 4Otro muerto por una interna de la UOCRA: hay un detenido y 5 prófugos 5La Pampa: Infojus capacitará a personal del Tribunal de Cuentas Noticias más leídas 1Marita Verón: "Jamás leí el expediente", dijo el juez que no quiso fijar penas 2La Justicia rechazó el amparo de Campagnoli: irá a juicio político 3Viajó a Gualeguaychú para ver al Indio Solari y fue asesinada 4Homenaje a Arturo Sampay, el mentor de la Constitución de 1949 5Pietragalla declaró frente a los acusados de fusilar a su padre

domingo, 23 de marzo de 2014

No se vigilará el aborto no punible

las12 VIERNES, 21 DE MARZO DE 2014 IN CORPORE No se vigilará el aborto no punible Hace dos años, el 13 de marzo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo F. A. L., por el que reafirmó que en los casos de violación las mujeres tienen derecho al acceso al aborto no punible sin necesidad de denuncia policial ni causa judicial. El único requisito es la declaración de la víctima. Además, también se exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y porteñas a implementar protocolos hospitalarios para que la burocracia conservadora no terminara impidiendo un derecho consagrado en el Código Penal desde 1921. Sin embargo, en la mayoría del país no se cumple con la ley y la jurisprudencia, y se sigue revictimizando a las mujeres víctimas de violencia sexual. Pero, lamentablemente, el 6 de marzo de este año la Corte rechazó el pedido, por parte de organizaciones de la sociedad civil, para que realice una audiencia pública para monitorear los alcances prácticos de su sentencia con el argumento de que su injerencia estuvo delimitada en el fallo y que, eventualmente, se iban a pronunciar sobre los casos en los que se obstaculice un aborto no punible. En este sentido, Amnistía Internacional, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que mujeres y niñas todavía encuentran obstáculos para acceder a su derecho a un aborto legal. Esta realidad se debe a la ausencia de políticas específicas por parte del Poder Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales, la falta de protocolos locales o la creación de normas más restrictivas que las que indicaba el supremo tribunal. En total, más de la mitad de las jurisdicciones argentinas no aggiornó sus normativas a los lineamientos del fallo F. A. L., que tiene como objetivo la posibilidad de la interrupción del embarazo en el sistema de salud de una manera segura y gratuita.

domingo, 16 de marzo de 2014

DEBATE POR EL ARTICULO 19 DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL UNIFICADO

Una polémica civil Diputadas del Frente para la Victoria buscan cambiar el texto, que define el inicio de la vida a partir de la concepción y mantiene el status de la Iglesia a la par del Estado y de las provincias. Por Mariana Carbajal Diputadas del Frente para la Victoria se comprometieron a promover la modificación del polémico artículo 19 de la reforma y unificación del nuevo Código Civil y Comercial, que define el inicio de la vida en el momento de la concepción y que afectaría el acceso a técnicas de fertilización asistida. También apuntarán a quitarle a la Iglesia Católica el status privilegiado de persona jurídica pública, concedido históricamente –y respetado en el texto aprobado en noviembre en el Senado– que comparte con el Estado nacional, las provincias y los municipios. El tema fue debatido en un seminario organizado en el Anexo de la Cámara de Diputados, en el que expuso la jurista mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las integrantes de la comisión convocada por la presidenta Cristina Fernández, para redactar la histórica reforma, que ahora debe ser debatida en la Cámara de Diputados. El encuentro fue convocado bajo el título “Puntos débiles en la reforma del Código Civil. La perspectiva de las mujeres” y se realizó en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Lo organizaron Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité Latinoamericano y del Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Expusieron las diputadas del oficialismo Mara Brawer y Araceli Ferreyra, la ex legisladora socialista e integrante de la comisión redactora del anteproyecto de Código Penal, María Elena Barbagelata; la reconocida especialista en Derecho de Familia y profesora universitaria, Nelly Minyersky, y la abogada de Amnistía Internacional-Argentina, Paola García Rey. Barbagelata consideró que algunos artículos del Código Civil aprobado en el Senado significan un “retroceso” igual que el anteproyecto de reforma del Código Penal, donde “también estamos retrocediendo al siglo XIX” en materia de derechos de las mujeres, advirtió (ver aparte). El cierre fue una conferencia magistral, de Kemelmajer, sobre el impacto del nuevo Código Civil en la vida de las mujeres. Participaron del seminario asesores de legisladores, abogadas, referentes de organizaciones de mujeres y de la diversidad. El eje de las intervenciones estuvo centrado fundamentalmente en la necesidad de reformar el artículo 19 del proyecto por ser “inconstitucional” y contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La redacción que se aprobó en el Senado –distinta de la que contenía el anteproyecto elevado al Gobierno– fue una concesión a la Iglesia Católica y a los sectores más conservadores de la Cámara alta, y pone en riesgo la realización de tratamientos de fertilización asistida. Establece que la vida humana comienza desde la concepción. Impediría, por ejemplo, el congelamiento de embriones fecundados in vitro. El día de la votación del texto en el Senado, el presidente del bloque del kirchnerismo, Miguel Angel Pichetto, adelantó su oposición, aunque aclaró que lo votaba por disciplina partidaria, y planteó que debería ser modificado en su paso por Diputados, puntualmente el artículo 19. A propuesta de la abogada Marisa Herrera, miembro del equipo que colaboró con Kemelmajer en la redacción de algunos capítulos del anteproyecto de reforma y unificación del Código Civil, surgió durante el seminario la siguiente definición del artículo 19 referido al comienzo de la existencia. “A los efectos civiles, la existencia de la persona como titular de derechos y obligaciones comienza con el nacimiento con vida, sin perjuicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico durante el período de gestación”. Kemelmajer apoyó esa redacción. Las diputadas Brawer y Ferreyra se comprometieron a apropiarse de la propuesta para “militarla” hacia el interior de la bancada del Frente para la Victoria. Brawer comentó que habrá “libertad de acción” en el bloque, es decir, a la hora de votar el proyecto, a diferencia de lo que sucedió en el Senado, donde muchos legisladores lo votaron por “obligaciones políticas”, como sinceró Pichetto durante la maratónica sesión del 28 de noviembre. “Muchos diputados del Frente para la Victoria estamos dispuestos a dar este debate en el recinto”, agregó Brawer. “Algunos tienen que entender que si quieren retroceder (en términos de derechos de las mujeres), no lo van a lograr”, apuntó Ferreyra. También buscarán quitarle a la Iglesia Católica su status privilegiado de persona jurídica pública. La reforma y unificación del Código Civil y Comercial fue aprobada, de madrugada, en una extensa sesión, con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados. La oposición cuestionó que el proyecto fuera tratado “a libro cerrado” y abandonó el recinto antes de la votación. El proyecto consta de más de 2600 artículos e introduce cambios sustanciales, para la vida de las familias, con avances en los derechos de las mujeres. Se espera que la Cámara de Diputados la sancione este año. El anteproyecto fue elaborado por una comisión convocada por la Presidenta, encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la ministra del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, y Kemelmajer de Carlucci. Compartir: Twitter

jueves, 13 de marzo de 2014

“La moralidad individual no permite trabajar políticas de Estado sobre aborto”

“La moralidad individual no permite trabajar políticas de Estado sobre aborto” Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 13 marzo, 2014 A dos años del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia que marcó un antes y un después en la jurisprudencia argentina en relación a la correcta interpretación del artículo 86 del Código Penal que regula los abortos no punibles, entrevistamos a Paola García Rey, abogada de Amnistía Internacional. Esta organización de la sociedad civil lleva adelante desde hace dos años a nivel global una potente campaña de derechos sexuales y reproductivos llamada “Mi cuerpo, mis derechos” que en Argentina implica el compromiso con la legalización del aborto.
Por Sandra Chaher COMUNICAR IGUALDAD- El 12 de marzo del 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio a conocer su posición en el caso F.A.L. –sobre unapgr1 nena de 15 años que había quedado embarazada producto de la violación de su padrastro y había solicitado a la justicia, en Chubut, la realización de un aborto no punible acorde a las garantías previstas por el Código Penal- y con ello quitó el velo sobre un tema que llevaba años de debate entre especialistas: cuando una mujer es violada, ¿puede acceder a un aborto no punible? ¿O sólo puede acceder si es violada una mujer con discapacidad? La Corte dijo que toda mujer violada tiene derecho a un aborto no punible y se acabó la discusión. No sólo eso, sino que dio indicaciones a los diferentes poderes del Estado sobre cómo debían comportarse frente a una mujer o niña que reclamara un aborto no punible, detallando los pasos necesarios para no victimizarla y darle acceso al derecho. Sin embargo, el camino del texto a la práctica está resultando escabrosísimo, con jurisdicciones que adaptaron su normativa al fallo de la máxima instancia de justicia, otras que crearon normativa sobre el tema en la que obstaculizan el acceso y otras que hicieron como que el fallo no existe. Un informe dado a conocer en diciembre del 2013 por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) –que viene monitoreando en forma sistemática desde el 2012 la implementación de normativa acorde al fallo F.A.L. en cada provincia- relevó que el panorama de cumplimiento normativo del fallo de la CSJN es aún bastante irregular. Y mucho más lo es la implementación efectiva de los abortos no punibles en cada provincia -más allá de lo que diga la normativa-, aspecto sobre el que no existe ningún monitoreo de parte del Estado ni de la sociedad civil. Frente a esta situación, en febrero del 2014, cuatro organizaciones de la sociedad civil –la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Amnistía Internacional Argentina (AIAR), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- solicitaron a la CSJN la realización de una audiencia pública sobre el tema, con el objetivo de que el tribunal se informara sobre el estado de situación de su fallo y, en el caso de hallar irregularidades, como constata la investigación de la ADC, accionara en consecuencia. pgr3Sin embargo, la semana pasada la Corte rechazó el pedido de audiencia, argumentando que no hay razón para la misma ya que no hay actualmente un caso en trámite sobre el tema, pero se comprometió a seguir pronunciándose sobre la cuestión si llegaran a esa instancia nuevas causas sobre casos particulares, como sucedió en octubre del 2012 en la Ciudad de Buenos Aires con una mujer violada en situación de explotación sexual a la que una jueza impidió la realización del aborto no punible. Para hablar de la implementación del fallo de la Corte, y de la posibilidad de avanzar en la justicia con la ampliación del restrictivo estatus jurídico actual del aborto, entrevistamos a Paola García Rey, abogada e integrante de Amnistía Internacional (AI), una de las organizaciones más potentes de la sociedad civil a nivel global, que lanzó hace un año y medio una campaña llamada “Mi cuerpo, mis derechos”, debido al reclamo de la sociedad civil global de que se abordara como tema prioritario la temática de derechos sexuales y reproductivos. -¿Qué balance hacés de la implementación de los abortos no punibles luego del fallo F.A.L. en marzo del 2012? -Qué difícil! Lo vemos problemático y eso fue lo que generó la idea de hacer un pedido de audiencia para ver si en el marco de este aniversario podíamos involucrar nuevamente al Poder Judicial en el tema. Sabemos que las decisiones de la Corte tienen un valor simbólico más que político. Nuestra mirada es que el Poder Judicial jugó un rol importante con la sentencia F.A.L. y que correspondía al Parlamento y al Poder Ejecutivo actuar en consecuencia, cosa que no hicieron. Por eso pensamos en apelar nuevamente a la Corte. -¿Por qué creés que no dieron la audiencia pública? -En la resolución en la que se nos informa que no la darán, la Corte basó el rechazo con el argumento de que su competencia había quedado íntegramente agotada con el fallo F.A.L., no obstante lo cual puntualizó que, eventualmente, se pronunciaría sobre estas cuestiones en los casos que lleguen a su conocimiento. Pese a dejar esta posibilidad abierta, contábamos con que la Corte replicara lo que ya ha hecho en otras oportunidades, habilitando su competencia para monitorear el cumplimiento de su decisión (en los casos Riachuelo, en el caso Verbitsky sobre cárceles en la provincia de Buenos Aires, entre otros). Sabíamos que no era una decisión estrictamente jurídica, sino claramente política, y esperábamos que la CSJN no agotara su intervención en una única sentencia, sino que se comprometiera a dar seguimiento a su decisión de cara a los embates, trabas y resistencias interpuestas en varias jurisdicciones del país. - ¿Creés que es una señal a la sociedad civil pero también a otros poderes del Estado sobre el rol que compete a cada uno en este tema?pgr2 -La señal desde la Corte sobre el rol que le cabe a los poderes fue clara y contundente en lo que fue su decisión dos años atrás. En el fallo F.A.L. la Corte fue ejemplar en la exhortación que hizo a las autoridades nacionales, provinciales y de CABA a implementar protocolos hospitalarios, a definir los criterios que debían seguirse para la atención de los abortos no punibles, para remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a este derecho. Así como intervino en función de la discordancia social e institucional imperante en nuestra sociedad, esperábamos que pudiera habilitar un espacio de debate y rendición de cuentas sobre el estado de situación a nivel nacional en materia de acceso al ANP y adoptara las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. -En diciembre, la Asociación por los Derechos Civiles -una de las organizaciones que pidió la audiencia- presentó un informe de monitoreo sobre el cumplimiento del fallo F.A.L. en relación a la aprobación o no por parte de las provincias de protocolos de implementación de los abortos no punibles. Allí se señala que 8 jurisdicciones tienen protocolos acordes al caso F.A.L, otras ocho tienen protocolos que agregan exigencias no presentes en el fallo y que podrían obstaculizar el acceso al derechos y otras 9 aún no hicieron nada en relación al tema. ¿Creés que éste es un escenario positivo, negativo, esperable? -Es positivo que haya 8 jurisdicciones que cumplen cabalmente con el fallo y sabemos que, efectivamente, muchas mujeres y niñas pudieron acceder estos dos años a abortos no punibles en distintos lugares del país. También es positivo que la Corte, en un caso individual, haya exhortado de forma integral a todas las provincias a cumplir con determinados estándares de acceso al derecho. También nos parece positivo que los organismos internacionales estén dando indicaciones sobre la necesidad de descriminalizar el aborto, como sucedió en el Consenso de Montevideo que Argentina firmó. Sin embargo, es muchísimo lo que falta. -pfr4El Poder Ejecutivo Nacional es uno de los grandes ausentes en la implementación del fallo: no dio indicaciones sobre el mismo ni transformó en resolución la Guía Técnica Integral de Atención de Abortos No Punibles. Sin embargo, en agosto del año pasado, durante el Consenso de Montevideo convocado por la CEPAL, la actitud de la delegación argentina fue muy positiva según el relato que luego hicieron las organizaciones presentes. Acompañó a Uruguay en el liderazgo de un acuerdo final que habla de descriminalizar el aborto, algo de lo que el gobierno no habla puertas adentro. ¿Cómo se interpretan estas actitudes? -Vemos estas esquizofrenias bastante seguidas por parte de los Estados. Yo creo que lo que debe valorarse es que Argentina en general mantiene cierta coherencia entre su política interna y los foros internacionales. Claro que hay grises y una querría que Argentina peleara hacia adentro lo que se peleó en Montevideo, pero lo cierto es que Argentina puertas afuera no dijo mucho más que lo que hace puertas adentro: se comprometió, a mediano y largo plazo, a revisar leyes que criminalizan el aborto. Instancias como la de Montevideo sirven para volver a presionar a los Estados fronteras adentro. -¿Hubo efectos “positivos” por parte del gobierno luego del Consenso de Montevideo? -Se generó un diálogo interesante de la sociedad civil con algunos organismos del Estado presentes durante esa conferencia. Por otra parte, el Consenso de Montevideo es parte de un proceso que culmina este año de revisión de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo. Y desde el Estado se sostiene que Argentina llevará, a la reunión final que es en abril, esta misma mirada que mantuvo en Montevideo. Se trata de una mirada compartida por toda la región y que no se condice con otros acuerdos regionales más conservadores como los de Asia y Africa. Después de Montevideo, se generó una expectativa internacional sobre cómo se comportará nuestra región. -¿Por qué? - América Latina está llevando a la ONU en abril la mirada más cercana a lo que se acordó en 1994 en El Cairo e incluso superadora de esta conferencia. El problema hoy por hoy es que no se sabe qué tipo de negociación se va a dar en abril. Si la discusión se da párrafo por párrafo, se teme que los países más conservadores se abroquelen y traben las discusiones. Y si el tratado final se aprueba en términos generales, es probable que los países se la apropien muchísimo menos que cuando se trata de un texto discutido y negociado. Parlamento -¿Cómo ves el año en Argentina en relación a la posibilidad de debatir la despenalización y/o la legalización del aborto en el Parlamento? -Creo que la cancha va a estar muy marcada por los debates que se den en el Congreso por la reforma del Código Civil y del Código Penal, esto es lo que abre el escenario. Creo que no tenemos que apostar a un año de ley de legalización o descriminalización, sino a evaluar qué resultados nos van a dejar las reformas de los códigos. En estos primeros tres meses hay que poner mucho esfuerzo en la cuestión del artículo 19 en la reforma del Código Civil y en la regulación del aborto en la reforma del Código Penal, que clarifica en relación al artículo 86, sobre el que falló la Corte en el caso F.A.L., pero incluye artículos penales regresivos, como el de lesiones al feto. Si bien se dice que la justificación de esta propuesta en la reforma del CP tiene que ver con las salideras bancarias y el caso Píparo, lo cierto es que va a tener implicancias sobre los médicos que deben brindar los abortos no punibles. Hay que ser cuidadosos en observar que son necesarias las reformas de ambos códigos, pero sin resignar la lucha de las mujeres y esperando que el debate se dé con seriedad y rigurosidad. -¿Qué análisis hacés del debate parlamentario en torno al aborto? -Una de las cuestiones que más nos costó trabajar en el marco del Congreso es el aborto en términos partidarios. Como los partidos no tienen una posición sobre el tema, sino que lo dejan librado al criterio individual, no se pueden establecer diálogos con ellos. Además del enorme trabajo de abordar una a una a estas personas, no hay una bajada lógica de derechos porque todo pasa por la creencia de la persona, por la moralidad individual y eso no permite trabajar en políticas de Estado, lo cual es muy problemático. En relación con esto, vamos a lanzar este año una encuesta de opinión para todos los legisladores recabando la opinión individual que tienen sobre el tema. La sola existencia de la objeción de conciencia evidencia que el aborto toca la intimidad de cada persona. -¿Qué buscan encontrar con esta encuesta? - Queremos mostrar que las decisiones que tomen las y los legisladores sobre el aborto no debería pasar por opiniones personales. Y también les preguntamos qué opinan sobre el tema en situaciones diversas, tanto en ámbitos personales como cuando lo hacen como legisladores, ya que en otros países estas preguntas muestran respuestas diversas. Y también vamos a hacer una encuesta de opinión pública para ver qué apoyo social hay a la legalización, en parte para desmitificar el tema porque muchos legisladores creen que el aborto es piantavotos. Foto: Gisela Castro

jueves, 27 de febrero de 2014

PIDEN JUICIO POLITICO AL JUEZ SALTEÑO QUE IMPIDIO UN ABORTO NO PUNIBLE

Jury por no respetar la ley A fines de 2013, un juez y una asesora de Incapaces de Salta rechazaron el pedido de un aborto no punible a una chica violada de 13 años. La Corte provincial dio vuelta ese fallo. Ahora, organizaciones sociales y de mujeres denunciaron a los dos funcionarios judiciales. Por Mariana Carbajal Un juez y una asesora de Incapaces de Salta, que a fin de año prohibieron la realización de un aborto no punible a una niña de 14 años que había sido abusada sexualmente por su padrastro, fueron denunciados ante la Corte de esa provincia para que sean sometidos a juicio político por “retardo de Justicia, mal desempeño y falta de cumplimiento de las funciones a su cargo”. La presentación fue realizada por integrantes de diversas organizaciones sociales y de mujeres. Los dos funcionarios judiciales fueron cuestionados por haber actuando desconociendo las normas vigentes en relación con los abortos no punibles, además de un fallo del máximo tribunal del país que dos años atrás, en una decisión histórica, reguló el acceso a esa práctica en casos de violación, entre otras disposiciones. “Lo único que queremos es que los funcionarios judiciales cumplan con la ley. Es demasiado que sigan ocurriendo casos como este, en abierto desconocimiento de las normas vigentes”, señaló a Página/12 Alicia Ramos, miembro de la Multisectorial de Mujeres de Salta, una de las entidades que promueve el juicio político. La presentación fue realizada contra el juez Víctor Soria, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia No 2, y Claudia Mariela Flores Larsen, asesora de Incapaces No 2. El jurado de enjuiciamiento está presidido por el presidente de la Corte, Guillermo Alberto Posadas. El juez denunciado prohibió, el 13 de diciembre, la realización del aborto no punible, en abierta violación de las normas y protocolos que regulan ese tipo de intervención en el país, y particularmente en Salta. Soria no sólo vulneró los derechos de la niña que había sido abusada por su padrastro, sino que además la consideró como una mera incubadora: en la misma resolución dispuso que el Ministerio Público comenzase los trámites para entregar a la criatura, producto de la violación en adopción, y ordenó al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia que en el término de 48 horas entregara un subsidio a la familia de la niña mientras cursaba el embarazo. Al mismo tiempo, declaró inconstitucional el decreto del gobernador Manuel Urtubey que estableció el protocolo de actuación ante los casos de aborto no punible –siguiendo las indicaciones de la Corte Suprema de la Nación– porque –alegó– “atenta contra la vida de los niños por nacer”. El magistrado hizo lugar así a un recurso de amparo presentado por Larsen el 21 de noviembre, al enterarse de que la niña y su mamá habían solicitado la interrupción del embarazo en el Hospital Materno Infantil. Finalmente, días antes de iniciarse la feria judicial de enero, el máximo tribunal salteño revocó la arbitraria decisión de Soria y avaló el aborto no punible solicitado por la niña. “¿Cómo me puedo sentir si hay un juez que está obligando a mi hija a tener un hijo que no quiere? Es algo horroroso”, había dicho en aquel momento a Página/12 Cristina, la mamá de la niña. Fue ella quien descubrió a su pareja en pleno abuso de su hija en el baño de la casa en la que convivían, en la ciudad de Salta. Al verla, el hombre reaccionó pegándole a la niña. Una vecina tuvo que ayudarla para evitar que la ahorcara. Este episodio ocurrió el 9 de noviembre. Cristina llevó inmediatamente a su hija al Hospital Materno Infantil, que depende de la provincia, para que la atendieran. La niña quedó internada. “El 14 de noviembre nos enteramos de que estaba embarazada y pedimos el aborto no punible”, precisó la mujer. La adolescente, que tenía entonces 13 años y cumplió 14 en los días siguientes, estaba muy afectada psicológicamente por toda la situación: su madre supo después que sufría abusos sexuales y amenazas de su padrastro desde que tenía 12 años. Pero el hospital no le practicó el aborto y la retuvo más de un mes internada sin darle la atención que requería. Hasta que con el patrocinio de dos abogadas comprometidas con los derechos de las mujeres, el caso llegó a la Corte. Y la niña pudo acceder al aborto no punible, pero fuera del sistema público de Salta, porque la familia ya le había perdido confianza. El pedido de jury ante la Corte salteña fue presentado con el patrocinio de la abogada Gabriela Gaspar. Lo firmaron Mirta Iglesias, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; Verónica Caliva, de la Fundación entre Mujeres; Rubén Manases Adchjian, de la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos, y Alicia Ramos y Marta César, de la Multisectorial de Mujeres de Salta. “Es alarmante que la funcionaria del Ministerio Público denunciada, quien debe velar por los derechos de esta niña en situación de extrema vulnerabilidad, ya que no sólo era objeto de abusos sexuales y violaciones sino que además debió sufrir la agresión física de su padrastro, situación que la llevó al hospital, actúe en abierto desconocimiento de jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y de la de Salta, que en julio ya había ratificado la constitucionalidad del protocolo provincial de atención de los abortos no punibles”, apuntó Ramos. “Igualmente sorpresivo y preocupante resulta que un juez de Familia, en lugar de honrar su función de custodio de las leyes y la Constitución, decida no sólo impedir por orden judicial la práctica de una conducta permitida por la legislación argentina, que no requiere ningún tipo de autorización judicial, sino que sugiera la adopción como destino del niño/a producto de ese embarazo que la obligaba a llevar adelante, reduciendo el cuerpo de la menor a un recipiente portador, continuando la cadena de intromisiones en la vida privada de la niña, y sumando una nueva situación de violencia de género, ahora institucional, a las ya sufridas”, agregó Marta César. “El Jurado, como brazo del Estado provincial, en el caso, puede liberar a la Argentina de hacer incurrir en un supuesto de responsabilidad internacional, si logra ubicarse a la altura de las circunstancias históricas sancionando debidamente la violencia de género institucional que han generado los magistrados aquí cuestionados”, consideraron los denunciantes en su presentación. 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jueves, 13 de febrero de 2014

Pedido a la Corte por los abortos no punibles

PROPONEN QUE EL MAXIMO TRIBUNAL SUPERVISE EL CUMPLIMIENTO DE SU FALLO Pedido a la Corte por los abortos no punibles Cuatro organizaciones civiles pidieron a la Corte Suprema de Justicia que convoque a una audiencia pública para supervisar el cumplimiento de la sentencia “F.A.L.”, de 2012, que ratificó la existencia del aborto no punible e instó a las autoridades de todos los distritos del país a implementar protocolos de aplicación que faciliten la interrupción del embarazo en esos casos, sin necesidad de judicializar los pedidos. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) señalaron que más de la mitad de las jurisdicciones del país no tienen protocolos “que aseguren el ejercicio de un derecho que las mujeres tienen desde 1921”, fecha en que fue sancionado el actual Código Penal. En la sentencia “F.A.L.”, la Corte estableció que la interpretación del artículo 86 del Código debe ser amplia, de modo que no es preciso recurrir a la Justicia en casos de aborto no punible, es decir, en casos de peligro para la salud de la mujer y de embarazo producto de violación. Sin embargo, gran parte del país incumple esa indicación, por lo que las organizaciones pidieron “tomar, en consecuencia, las medidas pertinentes para lograr su efectivo cumplimiento”. A dos años de emitido ese fallo, el relevamiento realizado por las ONG demuestra que no sólo no fue acatado por todas las jurisdicciones, sino que algunas lo acataron de manera particular, en algunos casos hasta sumando obstáculos al acceso al aborto no punible, en lugar de garantizarlo. “Acercamos la información a la Corte para que los jueces vean las desigualdades que hay de provincia a provincia, y para pedirles que citen en audiencia pública a los funcionarios de Salud de todas las jurisdicciones, incluido el Estado nacional, para que rindan cuentas de qué hicieron”, explicó a este diario la abogada Josefina Durán, del ELA. “Buscamos apelar a la Corte para que se realice la audiencia porque el tribunal suele hacerlo cuando se trata de causas institucionales y de derechos humanos. Creemos que esta causa lo es”, señaló por su parte la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. Belski señaló, además, que la Corte “podría convocar a una audiencia bien plural, en la que participen tanto aquellos a favor como quienes se oponen, escuchar todas las voces para identificar los inconvenientes y lograr que el fallo se implemente”. El relevamiento dejó en claro que, a dos años de emitida la sentencia, el acceso al aborto no punible es dispar en Argentina. Sólo Chubut, Misiones, Santa Fe, Chaco, Jujuy, Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja aplican lo pedido por la Corte. “La mayoría de esas provincias dictó sus protocolos, salvo Chaco que dictó una ley provincial. En cuanto a Santa Fe, sectores mal llamados ‘provida’, que en realidad son reaccionarios, judicializaron el protocolo”, explicó Durán. Por otra parte, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, Neuquén, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “cumplieron en parte y en parte no”, señaló la abogada. “En algunas, dictaron plazos máximos de tiempo para interrumpir el embarazo, cosa que no corresponde, o dispusieron que debía intervenir un comité de bioética, todos requisitos que van más allá de lo que indica la Corte. En estas jurisdicciones hay un discurso de que sí se aplica pero no es una aplicación real”. Además, agregó Durán, “muchos de estos protocolos fueron judicializados por organizaciones de mujeres. ELA, ADC, CELS y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) estamos litigando contra el Gobierno de la Ciudad, por ejemplo”. Las provincias en las que no se dictó protocolo pero tampoco se cumple la disposición de la Corte son Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán, Formosa, Corrientes, Catamarca y San Juan. “Las provincias podrían no tener protocolo y respetar la ley. Pero como mensaje es preocupante. Esta situación genera una disparidad muy grande para las mujeres que fueron víctimas de violación: en algunas provincias, tienen allanado el camino al derecho; en otras, están impedidas de ese acceso”, dijo la abogada Durán, quien recordó que “el Estado nacional tiene un protocolo sobre aborto no punible que no tiene jerarquía de resolución ministerial”. El 13 de marzo de 2012, al expedirse sobre el caso “F.A.L.”, la Corte señaló que era “necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos”. En el fallo señaló que el artículo 86 del Código Penal establece que el aborto es no punible cuando hay riesgo para la salud de la mujer y si el embarazo es producto de una violación. Compartir: Twitter

domingo, 9 de febrero de 2014

Sacar el aborto del closet

las12 VIERNES, 7 DE FEBRERO DE 2014 EL MEGAFONO Sacar el aborto del closet Por Vanesa Vázquez Laba * La escena (no tan feliz): una farmacia céntrica en la ciudad balnearia de Mar del Plata, mediodía semanal caluroso. Los actores: un empleado farmacéutico y una (de tantas) mujer(es). Acto I (la auto-determinación): una mujer presenta la receta médica con la prescripción de misoprostol. Acto II (la mentira): el empleado farmacéutico se rehúsa a entregárselo fundamentando que la receta no estaba acompañada por un certificado médico en el cual se explicite que la mujer no está embarazada. El (no) diálogo (abuso de poder): La mujer: Si tengo la receta con la indicación médica no entiendo por qué me estás pidiendo un certificado en el cual señale que no estoy embarazada. El farmacéutico: Porque el misoprostol es abortivo. La mujer: Pero si te estoy presentando la receta médica con todos los datos y firmada por el médico, con esto es suficiente; si el médico me lo recetó ustedes me lo tienen que vender. El farmacéutico: No señora, usted traiga el certificado que diga que no está embarazada porque yo no sé qué hará usted con un medicamento que también es abortivo. La mujer: Lo que haga yo con el medicamento es problema mío; el médico me recetó misoprostol y ustedes tienen la obligación de vendérmelo. Los voy a denunciar. Acto III (experiencias que empoderan): la mujer se retira indignada con la situación pero satisfecha de haber podido desenmascarar una mentira creada para seguir obstaculizando la decisión de las mujeres. Los avances en ampliación de derechos de las mujeres son más que evidentes en nuestro país; la reducción de la mortalidad materna da cuenta del trabajo que se viene realizando tanto desde la política pública, los partidos políticos y el movimiento de mujeres, Feministas y Lesbianas. Sin embargo, sobrevive en nuestra sociedad la duda patriarcal sobre nuestra palabra y el irrespeto misógino hacia nuestras decisiones. Situaciones de la vida cotidiana dan cuenta de que seguimos en un laberinto de obstáculos naturalizados e imperceptibles (parece) para el resto de las personas pero que nos violentan y debemos enfrentar y desarmar, muchas veces, de manera improvisada (aunque no menos potente). La escena de la farmacia es sacar el “aborto del closet” –como sostienen nuestras compañeras de Lesbianas y Feministas–; abortamos las mujeres reales, en la realidad de nuestra cotidianidad y de esta manera colocamos el aborto en la centralidad de la política. Enunciar lo privado en la esfera de lo público supone desmantelar lo tabú y resquebrajar el poder hétero-patriarcal-racista a partir de las experiencias de los márgenes, como el episodio de la farmacia. La fuerza de la autonomía se cimenta en el acto personal y político del día a día, donde se pone en juego el sostenimiento de nuestros deseos y decisiones de todo tipo: sexo, identidades de géneros y cuerpos. * Profesora de la Universidad de San Martín.